BRUTAL REPRESION A LA MARCHA DEL TIPNIS

El 25 de septiembre a horas 16:30 se inició un operativo policial y/o militar de cerco sobre el campamento del puente San Miguel a 5 Km de Yucumo, donde descansaban alrededor de 800 marchistas, incluyendo más de dos centenares de niños y bebés.

A las 17:00 horas empezó una despiadada gasificación contra la indefensa marcha, lo que provocó una confusión total y por ese motivo empezaron a extraviarse y desaparecer muchos de los niños que estaban ahí acampando junto a sus madres y padres. Posteriormente efectivos de la policía procedieron a perseguir a los marchistas indígenas, acorralándolos, golpeándolos, quemando el campamento, gasificando mujeres embarazadas y deteniendo enseres personales de la prensa, obligaron a la gente a subir en camionetas y buses, como en la peor de las dictaduras, interviniendo la marcha.

Posteriormente estas personas fueron obligadas a subir a buses algunos atados las manos con cinta masking, los 8 buses partieron con dirección a San Borja, donde circulo la noticia de la intervención; la población salió a la calle enardecida, bloqueando el paso de los vehículos haciendo retroceder a los policías.

A la vez, muchos dirigentes y comunarios que se habían refugiado en el monte, así como los niños, se reagruparon y caminaron toda la noche hasta llegar a San Borja, en el camino hay madres desesperadas buscando a los niños: Mientras tanto algunos dirigentes decidieron saltar de los vehículos en movimiento, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Para que no escapen mas la policías amarró en los buses a hombres y mujeres, tanto era el temor que algunos se orinaron de miedo según el relato de testigos.

Al día siguiente 26, a horas. 06:00 am. suena la alarma de los mensajes de celulares, los detenidos están en Rurrenabaque a punto de ser subidos en aviones con destinos diferentes, uno de esos decía "nos están por subir al avión, hemos decidido botarnos al piso, tendrán que levantarnos a la fuerza y eso retrasara un poco" poco después de horas. 8 am. indígenas tacanas se enfrentaban con la policía en plena pista de aterrizaje liberándolos a los detenidos.  

Para comprender lo qué está sucediendo en Bolivia, es preciso deshacer el enredo de intereses en el que se ha convertido el conflicto en torno a la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos, cuyo trazado pretende atravesar por la mitad el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), área doblemente protegida con un elevado valor ecológico y cultural donde habitan los pueblos Moxeño, Yuracaré y Chiman, esta carretera de 306 km de longitud, se emplaza como una vía de unión directa entre los departamentos de Cochabamba y Beni.

La intención que el gobierno ha demostrado en todo momento, no considerar rutas alternativas fuera del área protegida además de constituir una gran contradicción entre la teórica filosofía del ‘Vivir Bien’ con la Pachamama, que él defiende en sus discursos. Uno de los más influyentes, es el interés por parte de los campesinos colonos vinculados al cultivo de hoja de coca. No hay que olvidar que es precisamente en el Chapare – provincia que limita al sur con el TIPNIS y de donde proviene líder indígena cocalero y ahora Presidente del Estado. Al margen de todo este espiral de intereses se encuentran los 64 pueblos indígenas del TIPNIS, que serán los que paguen los costos sociales ― ambientales de un proyecto concebido, diseñado e implantado sin tener en cuenta en ningún momento sus necesidades y demandas. 

Las consecuencias previsibles de la invasión del territorio por parte de cultivadores de hoja de coca, agropecuarios, madereros y extracción de hidrocarburos, pondrán en riesgo el equilibrio de todo un ecosistema caracterizado de incalculable valor y extrema fragilidad, que degradará de forma crítica los medios de vida de los pueblos indígenas del TIPNIS al afectar directamente a la base de los recursos de los que dependen para su supervivencia. Por otro lado, la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que el propio gobierno elaboró, establece que el derecho a la consulta libre previa e informada radica en la voz de los pueblos indígenas que habitan el territorio afectado y no en la de sus departamentos. 

En las próximas semanas veremos si se trata de otra maniobra más del gobierno para condicionar la aprobación de la ruta a través del TIPNIS, o si realmente queda todavía margen para que tanto el trazado de la carretera como el proceso de cambio en Bolivia sean reconducidos hacia los caminos acordes con el Vivir Bien que demandan los pueblos indígenas. Finalmente, no sería posible comprender la complejidad que envuelve la problemática del TIPNIS sin tener en cuenta la profunda asimetría en la que se basan las relaciones entre Brasil y Bolivia; explicaría la subordinación de la política boliviana a los intereses brasileños en materia de infraestructura. Ahora  ¿Por qué el mismo gobierno que nació de las luchas y demandas de los movimientos sociales reprime ahora de forma violenta e injustificada una protesta social pacífica? 

¿Paradójicamente el mandatario defiende la "Madre Tierra" y los derechos de los pueblos indígenas que históricamente reclaman sus derechos? hoy ignorados y excluidos. Conviene decir al respecto que el gobierno de Evo Morales encara ahora la mayor crisis nacional a la que ha tenido que hacer frente, después de que el pasado domingo25 de septiembre una brutal intervención policial disolviera una movilización popular de alrededor de 1.000 indígenas que, siguiendo la misma ruta de la histórica primera gran marcha del "90" se dirigía hacia La Paz para manifestar su rechazo a la construcción de una carretera a través de su territorio ancestral. Y según testigos no hay calificativo para tal represión donde se violaron todos de derechos humanos incluidos la de los niños, mujeres embarazadas y ancianos que se orinaron de miedo ante las torturas física y psicológicamente.

Otra paradoja: Morales promulgó una polémica ley contra el racismo en búsqueda de la “igualdad” entre los bolivianos y la importancia que el Gobierno socialista dio a esta nueva legislación, lo expresó en la publicidad excepcional del solemne acto. A la promulgación asistían los ministros de su gabinete, senadores, diputados y representantes de movimientos sociales afines, la iniciativa merecía la reivindicación de los derechos de los grupos étnicos discriminados, y sirvió de punto clave en la plataforma electoral de Evo Morales, al mismo tiempo la oposición al documento fuera del despacho presidencial superó todos los casos de protesta masiva contra dicha ley. 

Periodistas y ejecutivos de medios de comunicación aseveran que no se oponen a toda la ley, porque también están contra el racismo, pero les preocupa el derecho de juzgar a vivos y muertos, que se le otorga a la autoridad por el documento.

El artículo 16 de la norma establece sanciones económicas y hasta el cierre de periódicos o emisoras de radio y TV que publiquen lo que las autoridades nacionales, locales o judiciales de todos los niveles califiquen como “ideas racistas y discriminatorias”. Es más, de acuerdo con la cláusula 23 los periodistas y propietarios de medios acusados de racismo no podrán acogerse a fuero alguno al ser procesados; obviando la ley de imprenta. 

Eso crearía una oportunidad para ciertas decisiones arbitrarias por parte del poder contra los medios informativos “indeseables” que opinan en el campo opositor. Para la oposición, considera toda la iniciativa solamente como una carta blanca a una justicia administrativa ilimitada, el presidente aseguró que la libertad de expresión sigue estando garantizada por la constitución y las nuevas normas no la coartan de ninguna manera. Morales en su discurso reiteró que “sólo busca la igualdad entre los bolivianos y las bolivianas” lo que hará que haya una “verdadera democracia” en el país, ya en vísperas de la ceremonia de firma del documento, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia había anunciado marchas huelgas y recolección firmas de la población para pedir al Congreso un referendo sobre la vigencia de esos dos polémicos artículos que en los círculos mediáticos consideran una “mordaza” para la prensa. 

Luego de su promulgación la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia ratificó su rechazo a la norma como inconstitucional. Actualmente la brutal represión a la marcha tiene 70 heridos y esta se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia en Sucre (Chuquisaca), deberá enfrentar un juicio con su polémica ley anti racismo, si. El dicho popular: HECHA LA LEY HECHA LA PRAMPA o beberá su propia medicina.