La Corte Suprema de Justicia condenó hoy con tres y quince años a dos ex ministros (Adalberto Kuajara y Erick Reyes Villa) Ministro de Trabajo y Ministro de Desarrollo Sostenible respectivamente y cinco exjefes militares del segundo mandato del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) Gonzalo Rocabado, Luis Aranda, Juan Veliz, José Quiroga y Roberto Claros, acusados de tener responsabilidad en la masacre de decenas de civiles en octubre del 2003.Erick Reyes Villa ex ministro de Desarrollo Sostenible y Adalberto Kuajara ex Ministro de Trabajo fueron condenados a tres años de prisión acusados de complicidad en el delito de "genocidio" bajo la modalidad de "masacre sangrienta".
Los generales ( r.) Roberto Claros Flores y Juan Veliz Herrera fueron sentenciados a 15 años y seis meses de prisión, el general José Osvaldo Quiroga Mendoza y el almirante Luis Alberto Aranda Granados a 11 años, y el general Gonzalo Alberto Rocabado a diez años, pena que deberán cumplir en el penal de máxima seguridad de San Roque, de nuestra capital. Donde fueron conducidos después del fallo.
Todos los exjefes militares fueron sentenciados por el delito de "genocidio" bajo modalidad de "masacre sangrienta", el caso es conocido como "octubre negro" de ese mes de 2003 una revuelta en las ciudades de La Paz y El Alto que fue reprimida por militares, con el saldo de más de sesenta y cuatro muertos.
Los disturbios estallaron por la oposición a un proyecto de exportación de gas hacia Estados Unidos por puertos de Chile.
El juicio para ellos quedó en suspenso hasta que
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Aquellos sucesos llevaron a Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) a abandonar Bolivia y renunciar a la continuidad de su segundo mandato. Desde entonces vive en Estados Unidos.
La Fiscalía General, que pretendía una condena de 25 años de cárcel, gestiona hace tres años la extradición de "Goni" Sánchez de Lozada y otros siete ex ministros que están asilados, refugiados o residen en Estados Unidos, Perú y España, los trámites no han prosperado hasta hoy.
se concreten los pedidos de extradición, pues la legislación boliviana no permite los juicios en ausencia., el fiscal general, Mario Uribe, expresó su satisfacción porque consideró que se ha hecho "justicia" con las 64 personas fallecidas y los más de 450 heridos.
"Es importante la sentencia para el Ministerio Público porque permite seguir trabajando para que el resto de los acusados se hagan presentes ante la justicia boliviana y sean procesados en juicio oral para la imposición de la pena respectiva", agregó. "Para que haya reparación para las víctimas de estos hechos trágicos".
En declaraciones a la prensa local y nacional,
Mientras tanto en la puerta principal de la Corte Suprema de Justicia, familiares y heridos de la "masacre" que hacían vigilia desde hace mas de cincuenta y cinco días hacían notar su descontento.
Texto y foto: Richard Ilimuri