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Prisioneros Pilagá fotografiados junto a un gendarme
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En octubre de 1947, transcurridos dos años de la primera
presidencia de Perón, la Gendarmería Nacional al mando de Natalio Faverio
masacró a no menos de mil indígenas pilagás, y doscientos aún continúan
desaparecidos en Rincón Bomba.
Territorio nacional de Formosa en 1947. Dos años después del
“día de la lealtad peronista”. Las familias pilagás, tobas y wichis se dirigen
caminando a la Compañía El Tabacal en Tartagal (Salta), propiedad del
terrateniente oligarca y empresario del azúcar Robustiano Patrón Costas, en
busca de trabajo. El gobierno de Perón había establecido un régimen de trabajo
esclavo y el patrón no cumplió con el salario prometido. Los indígenas
reclamaron y fueron despedidos. Acechados por el hambre y las enfermedades deciden
volver con sus familias a su territorio en Las Lomitas (Formosa).
Los temores al “gran malón”, a la “sublevación indígena”, a
“los indios revoltosos”, en “actitud de alzamiento” se expresaban en la prensa
de la época y en los voceros de la clase política gobernante. Esto generó un
clima propicio para la represión. La Gendarmería formó una línea de más de cien
hombres armados entre el pueblo y la comunidad. Al acercarse para parlamentar
empezó la represión.
El 10 de octubre comienza el otro octubre peronista, la
matanza se lleva adelante. Los gendarmes provistos con ametralladoras,
carabinas y fusiles avanzaron sobre la comunidad. La cacería por el monte duró
tres semanas. Durante las noches los gendarmes encendían bengalas para iluminar
un territorio para ellos desconocido. Fue un asunto de Estado. Desde Buenos
Aires se enviaron dos aviones de la Fuerza Aérea utilizados para reprimir desde
el aire. Esta fuerza lo reconoce como su bautismo de fuego.
Los testimonios de los pueblos originarios se refieren a una
masacre, un genocidio. Sus cuerpos fueron arrasados por topadoras y quemados.
Las mujeres y las niñas fueron violadas. Los ancianos, fusilados. Muchos fueron
perseguidos hasta Paraguay, donde fueron detenidos para ser llevados a las
reducciones. En el año 2006 se encuentran veintisiete cuerpos, y un grupo de
abogados inicia acciones legales contra el Estado nacional por violaciones a
los derechos humanos.
Nadie de Gendarmería fue castigado por la masacre y el
genocidio. Santos Costas, quien fue integrante de la fuerza en el momento de
los hechos, fue felicitado y ascendido por Orden 2.595 del director de
Gendarmería Nacional. Luego abandona la fuerza y se convierte en juez federal
en Formosa. Su juzgado tiene la causa de lesa humanidad por los hechos que se
le imputan. Uno de los gendarmes espera en su casa mientras la Cámara Federal
de Resistencia resuelve su imputación. Por otro lado, los pueblos originarios
continúan siendo asesinados y perseguidos. Mientras una delegación de mujeres
participó en Rosario denunciando al estado genocida, la Federación Pilagá
invita al acto en conmemoración de los 69 años de la masacre.
Texto y foto: Hernan Perriere Richard Ilimuri Internet
